Así como se dice que en el amor todo se vale, quienes han ocupado la silla de la Casa de Nariño, para abajo, hasta los sótanos del país, también creen que en la política todo se vale. Faltarían espacios para colocar ejemplos de estos abusos a lo largo de nuestra historia, desde el mismo Simón Bolívar.

Entre contradictores o enemigos políticos se han tildado mutuamente de populistas pretendiendo, con ello, desacreditar propuestas por obvias e irrealizables ante los oídos de los electores. Muchas de las veces esas críticas tienen asidero.

A finales de julio pasado los medios de comunicación dieron amplia difusión al acto legislativo No. 01 del 22 de ese mes; se trata de otra de las tantas reformas a nuestra Constitución Política esta vez y, luego de 16 anteriores intentos, se reformó el artículo 34 que prohibía en general la pena de prisión perpetua junto con las que mantienen su vigencia, las de destierro y confiscación. Hoy ese artículo contiene una amplia adición que refiere al abuso sexual y al homicidio intencional -doloso- contra menores de edad.   

Lo primero que convierte a esa reforma en populista es porque se usó convenientemente el instintivo sentimiento ciudadano ante ese tipo de delitos. Nadie, excepto que tenga alguna afección mental, pudiera rechazar una sanción ejemplar contra quienes abusen de esos menores como la pena de prisión perpetua, hasta con un criterio meramente primitivo -como el surgido del dolor de los padres de un menor afectado- se argumentaría que para ese tipo de delitos debería imponerse la pena de muerte. Pero en un sistema de derecho no todo lo que se siente o quiere es lo legal, muchas veces las reacciones sociales resultan peores que el acto criminal que airadamente se reprocha.

Lo segundo, corresponde a que detrás de esos saltos en vitrina por parte de quienes votaron afirmativamente la propuesta en el Congreso de la República y de quienes la avivaron desde sus púlpitos de poder, está una realidad social que no puede ocultarse: nuestro país sigue encabezando los primeros lugares mundiales de impunidad cuyas causas siguen con mayor vigencia, gracias a la enquistada corrupción y al abandono estatal al aparato de justicia. A su turno, esa impunidad genera la pérdida de autoridad hacia la ley, puesto que al criminal no le da miedo reincidir porque le perdió respeto al juez, al policía, a la cárcel, y tampoco le quedan ganas para resocializarse porque en las cárceles se aprende de todo, menos a arrepentirse y a pedir perdón a una sociedad.

Las instituciones del Estado encargadas del manejo de la Política Criminal -entendida como las estrategias orgánicas para combatir la criminalidad y no en el conjunto de los códigos penales -como en su momento lo sostuvo el entonces ministro de defensa Juan Manuel Santos- deben enfocar sus fines en la CRIMINOLOGÍA, para combatir y mitigar las causas del delito y no en medidas legislativas populistas que además de engañar al pueblo desinformado, generan falsas expectativas a una sociedad enseñada a recibir soluciones en el papel y no en las calles.

Lo que el Estado debe fortalecer son los mecanismos de denuncia, investigación -judicial y policiva-, juzgamiento, condena y reparación -la resocialización ya es un sueño perdido-. Si siempre se aplicaran efectivamente las sanciones existentes en el código penal -como excepcionalmente se hizo en el caso de Yuliana Samboní-.

No sería necesario amenazar infructuosamente con una pena perpetua que tampoco es segura -contrario a lo sostenido por el doctor Duque- sino apenas posible, según el texto de la reforma aprobada que pronto estará sujeta a un examen de la Corte Constitucional, que la pudiera tumbar por errores de forma, como ya sucedió en 2017, hecho advertido por los legisladores que con franqueza y argumentos se opusieron a la reforma y se alejaron de la foto que fue tomada con júbilo por quienes la votaron como retribución oficial y con destino oportunista hacia sus despistados electores.

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