Nuestros gobernantes se escudan en la indisciplina social para explicar -¿o justificar?- el alarmante incremento de contagios y muertes por la Covid-19, pero no aceptan que tienen gran parte de responsabilidad:

Desde Febrero del año pasado, algunos recién posesionados alcaldes de grandes capitales como los de Bogotá D.C., Cali y Medellín, con fundamento en conceptos de la ciencia médica y en los evidentes efectos de la recién declarada pandemia que ya ocurrían en China, Italia y España, pidieron al Gobierno nacional el cierre inmediato de los aeropuertos y de las fronteras terrestres.

Esto se produjo a regañadientes apenas hasta el 25 de Marzo de 2020 cuando el coronavirus ya había ingresado por El Dorado desde Italia a finales de Febrero, certificándose como el primer caso en el país de la Covid-19, el siguiente 06 de Marzo.

La cuarentena obligatoria que de diferente forma a todos nos afectó, desde los cuidadores callejeros de carros, pasando por los vendedores informales -estimados para 2020 en un 45.3% de la población, según el DANE ¿?-, los pordioseros, las trabajadoras sexuales, recicladores, trabajadores y profesionales independientes y la gran mayoría de los comerciantes, entre todo el sector económico del país, perdió su objetivo cuando presidencia ordenó -Decreto 593 del 24 de Abril de 2020- la reapertura de actividades de la construcción y juegos de suerte y azar, entre otras, como si hubiese sido suficiente 29 días de encierro para calmar la voracidad del entonces recién llegado virus.

Hubo demora en cerrar y premura en abrir. Esto implicó que sean millones de personas -para Bogotá 3 de 8 millones de habitantes- que bajo esas permisiones salieran nuevamente a las calles en sus distintos roles laborales y ser potenciales receptoras de la enfermedad que se quiso mitigar con ese tiempo de encierro.

Al mismo tiempo, el Gobierno nacional instruyó a los alcaldes y gobernadores para decretar medidas bajo los mismos lineamientos, contentivas de 32 excepciones -incluida la paseada de mascotas- que en poco tiempo llegaron a ser 43.

Desde esa época sorprendió a los juristas la nueva cara que se le impuso a la figura del toque de queda, la cual implicaba en otrora, ser una medida drástica con tufillo de prevención militar, pero que ahora fue y es objeto de burla por las permisiones para su incumplimiento.

Seguirán las discusiones bizantinas sobre si debe primar la economía para que el pueblo no muera de hambre entre las cuarentenas obligatorias o si son la salud y la vida las que deben imperar para que el mismo pueblo pueda recuperarse económicamente con vitalidad.

Otros dicen que sin la circulación del dinero entre el público la banca se desnutre y sus propietarios y sus poderosos protectores, no pueden permitir que este sector sea parte de los perdedores en tiempo de pandemia. En todo caso un pueblo enfermo ni puede trabajar ni se puede recuperar.

El año 2021 nos recibe con medidas estatales de represión como si los incrementos de los contagios o “rebrotes” -así también se denominan como si se hubiera terminado un primer brote de contagios-, en esta temporada fueran sorpresivos e imprevisibles.

Todos, no solo los científicos, sino también los ciudadanos de a pie y nuestros gobernantes, sabían que el empeoramiento de la crisis sanitaria era cuestión de tiempo ante la indisciplina social que es generalizada en el mundo entero -incluidos los países conocidos históricamente como cultos- y por las permisiones nacionales que con el tiempo fueron casi absolutas.

No se puede justificar la desobediencia ciudadana así sea con la explicación de satisfacer encuentros familiares y amistosos por la época decembrina, pero sí entender que la autoridad administrativa debe hacerse sentir considerando esa indisciplina que era inminente desde meses atrás.

Por esto es inconcebible que no se haya previsto esas reacciones sociales con medidas preventivas ‘oportunas’ -limitaciones de locomoción, tránsito y de reuniones- desde comienzos de diciembre- y menos cuando tácitamente se facilitó el desorden social al permitir la reactivación de ciertas actividades como los desplazamientos interdepartamentales sin limitaciones, la reapertura de playas, balnearios, billares, casinos y hasta de moteles -donde lógicamente es imposible guardar el distanciamiento físico y el uso de tapabocas – pidiendo ilusamente al pueblo que se autodetermine en su salud.

Ahora, el gobierno pretende, a la brava reducir, la velocidad del contagio cuando los índices asistenciales ya son críticos, mostrando además contradictoriamente medidas que atentan inobjetablemente contra la salud como negarse a acatar un fallo judicial de tutela para obligar a visitantes extranjeros la prueba negativa de PCR para permitir su ingreso aéreo al país.

Hace poco, aunque de manera nuevamente tardía, el Gobierno aceptó esa restricción aeroportuaria, cuando muchos vuelos ya ingresaron del exterior sin ninguna prevención biológica, contrario a lo que hicieron los demás países por sus connacionales.   

El gobierno no tiene autoridad ni administrativa ni ética para señalar con el dedo índice a la indisciplinada comunidad, como única responsable de la crisis biológica que ahora a todos nos debe alarmar, si queremos salir lo menos demorados de esta situación, máxime cuando las vacunas se miran como otra promesa lejana que ya son una realidad en algunos de los vecinos del sur del continente.

En esto también, dicen los expertos, hay morosidad del gobierno. Ojalá las vacunas tampoco sean sometidas a los criterios partidistas discriminatorios que están acabando con los intentos de paz y ahora, potencialmente, también con la salud.

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