La indignación que produce la muerte del estudiante de derecho, Javier Ordóñez, a manos de integrantes de la policía, me hizo recordar que son muchas las investigaciones multidisciplinarias que han tratado las causas de la violencia en nuestro país.

Se dijo que la violencia surgió en el campo por la mala distribución de la tierra, que la masacre de las bananeras probó que los intereses de las multinacionales estaban por encima de los derechos de los trabajadores, que la muerte de Gaitán exacerbó los ánimos políticos rojos y azules para gestar los primeros gritos insurgentes, que la bonanza marimbera introdujo el dinero corruptor, que la corrupción se enquistó en todos los estamentos del país y que el narcotráfico creó sus ejércitos privados. Ninguno de esos estudios demostró cuál es la madre de la persistente violencia.

En todo caso hoy estamos percibiendo la acumulación de una violencia que viene de varios frentes y que pensamos que, con el acuerdo de La Habana, iba a ser parte de la historia que nadie quiere recordar, pero aquí está y repartida en todo el país. Casi a diario mueren campesinos, indígenas, líderes sociales, estudiantes, exguerrilleros y gente del común que convierten nuestro sueño de paz, en letras que solamente acompañan la imagen de una paloma blanca que ya no puede volar.

Todo esto ha generado incertidumbre en el país nacional, mientras el escenario político, no se resigna a bajar la guardia para que a su vez bajen los ánimos calientes entre quienes se disputan el título de personas de bien.

La muerte del cuasi abogado generó una abrupta reacción que sociológicamente pudiera explicarse con la suma simultánea de otros hechos que aún queman en el recuerdo popular, como los ocurridos donde también perdió la vida el estudiante Dilan Cruz.

Tal vez los hechos fueran diferentes si no se hubieran conocido las escenas brutales bajo las cuales unas unidades de policía, propinaron exagerada fuerza física y a través del uso desmedido e innecesario de elementos eléctricos, de esos que hace unos años, con abierta desfachatez, propuso el doctor Pachito Santos para combatir a los estudiantes en protesta.

Nadie puede negar la importancia y la necesidad que la institución de policía tiene para todos los Estados del mundo. En nuestro caso, fue concebida para acompañar al ciudadano desde antes de ser creada como un cuerpo nacional el 5 de noviembre de 1891 y siempre se la ha tenido, teóricamente, con funciones comunitarias y sociales, mismas que con el crecimiento de la nación se adicionaron a las de seguridad y convivencia, y que el orden público del país también les otorgó funciones propias del régimen castrense en la resistencia subversiva.

Dijo el general Gustavo Moreno, subdirector de la institución, con el mismo tono y vehemencia, propios del momento para satisfacer a los medios de comunicación y la amnésica sociedad, que se harán las investigaciones necesarias para esclarecer esos hechos, investigaciones que resultan insuficientes en un país que alimenta la desconfianza en sus autoridades, cuando nunca concluyen y siempre se dilatan.

Mientras las autoridades se desgarran lanzándose propuestas para reformar a la policía, tenemos en nuestras manos la necesidad de desarmar nuestras emociones. Entendible y probado que hay policías que hacen honor al uniforme que lucen con la potestad que la ley especialmente les otorga, más que por el instintivo poder de fuerza física que les puede hacer sentir el porte de un arma, por encima de la indefensión de un hombre ya inerme en el piso.

Afortunadamente sí hay policías que entienden que su misión es ganarse la confianza y el respeto del ciudadano, para luego también recibirla, y no la animadversión que ha generado la también reprochable violencia ciudadana hacia la policía. Aplaudo a esos policías y condeno a los otros.

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